Esos círculos viciados de nuestra historia política

Por Arturo Peña

“Después de la guerra casi toda la superficie del país que dejó de ser ocupada, entró en el dominio público. Dueño de esta propiedad nacional, el Gobierno la puso en venta a tanto la legua cuadrada, según el valor de las tierras y la proximidad de los mercados. Los especuladores argentinos, ingleses y norteamericanos se echaron sobre la presa, sin respetar siquiera las pequeñas porciones donde las familias guaraníes cultivaban el suelo de generación en generación, sin que hubieran tenido jamás necesidad de hacer constar sus títulos de propiedad; se formaron sindicatos de compradores, que adquirieron las tierras por decenas y por centenas de miles de hectáreas a fin de revenderlas por el duplo de su valor; un solo concesionario acaparó varios miles de kilómetros cuadrados. En pocos años los vastos desiertos fueron adjudicados a propietarios ausentes, y en adelante, ningún campesino paraguayo podrá cavar el suelo de la patria sin pagar renta a los banqueros de Nueva York, Londres o Ámsterdam…”.
Así describía el historiador y geógrafo francés Eliseo Reclus (1830-1905), en su Nueva Geografía Universal, la situación de la tierra en la pos guerra del 70 en el Paraguay.
La guerra de la Triple Alianza (1865-1870), que enfrentó al Paraguay contra los ejércitos unidos de Brasil, Argentina y Uruguay, tuvo efectos devastadores para nuestro país. El conflicto -que el historiador brasilero José Luis Chiavenato bautizó como el “Genocidio americano”-, acabó con más de la mitad de la población paraguaya, con una mortandad masculina de cerca del 90%; generó la pérdida de territorio anexado arbitrariamente por Brasil y Argentina, y el corte abrupto de un proceso de desarrollo hacia un sitial de preponderancia en la región. Sin embargo, según reseña el historiador Manuel Domínguez: “A la conclusión de la guerra el gobierno era todavía poderoso. Poseía inmensas zonas de tierra que, bien distribuidas, hubieran realizado el suelo de los sociólogos; pero las vendió a vil precio, dejando sin hogar a la mayor parte de nuestros compatriotas”.
Las citas de Reclus y Domínguez hacen referencia al proceso de enajenación masiva de tierras llevado adelante a la finalización la guerra, impulsado por el entonces presidente, general Bernardino Caballero, ex combatiente del ejército paraguayo y posterior fundador de la Asociación Nacional Republicana.
Con el pretexto de revitalizar la destrozada economía paraguaya, el Ejecutivo sancionó la ley del 2 de octubre de 1883, que autorizaba al gobierno a la venta de tierras públicas –y posteriormente la de julio de 1885, que ampliaba sus alcances-, marcando desde ese momento un nuevo periodo en la historia de la tierra en el Paraguay. Para lograr el balance de la economía, señalaba Caballero, era necesario recurrir “a la fuente principal de recursos de que puede hacerse uso, con beneficio a la vez de los intereses generales”. Esto era, la enajenación masiva de tierras.
Afirma al respecto Carlos Pastore en su fundamental obra La lucha por la tierra en el Paraguay: “Una gran parte de las tierras públicas serían vendidas en perjuicio de los pobladores de las mismas, agricultores, pequeños y medianos productores de ganados, e industriales yerbateros y forestales, en su gran mayoría de nacionalidad paraguaya. Y los compradores no serían agricultores o pioneros que venían al Paraguay con el propósito de afincarse definitivamente en su territorio. Eran representantes del capitalismo internacional o simples especuladores en tierras, atraídos por los bajos precios de las tierras del Paraguay en relación con las de los países vecinos”. Y agrega: “Evidentemente, existía una oposición entre el deseo manifiesto del Presidente de dar un impulso a la agricultura y su propósito de vender las tierras de los agricultores y dejar a la población sin el contralor de las fuentes de la riqueza nacional”.
Del proceso de enajenación de tierras se desprenden varios acontecimientos nefastos. Por citar alguno, se puede mencionar el nombre de Carlos Casado de Alisal, quien adquirió “tres mil leguas cuadradas en el Chaco”, según apunta Pastore. La riqueza yerbatera del Paraguay pasó a mano de unas 45 empresas, en su mayoría de capital extranjero. Una de estas era La Industrial Paraguaya SA, fundada en 1886, que compró, según refiere Pastore, “no menos de 855.000 hectáreas de yerbatal natural y un total de 2.647.727 hectáreas de tierras. Su capital inicial de 1.000.000 de pesos dio en dos lustros beneficios igual a cinco veces el capital invertido y el reparto gratuito de acciones”. Entre los fundadores de esa sociedad empresarial figura, llamativamente, el general Bernardino Caballero.
La venta de tierras produjo, antes que un equilibrio presupuestario, la pérdida del control de las fuentes de producción de riquezas, la perdida de campos comunales, de bosques reservados para el uso común y la caída de industrias yerbateras y madereras del Estado a manos del capital extranjero. “La ganadería extensiva desplazó a la agricultura y provocó el éxodo de la población rural. La gran propiedad desalojó a los campesinos”, agrega Pastore.
Las consecuencias de la guerra, así como del manejo especulativo de la política de tierras durante la posguerra, se instalaron en el país y hasta hoy sentimos sus efectos. Si no estuviera contextualizado, el anterior párrafo podría perfectamente adecuarse a nuestra realidad. Y así lo refleja el Censo Agrario 2008, que confirma que “el 85% de las tierras agrícolas está en manos del 2,6 de los propietarios del país. El proceso de concentración provocó la desaparición de 366.000 Ha. pertenecientes a pequeños y medianos productores, acelerando la destrucción de la producción agrícola familiar. Los grandes propietarios aumentaron sus tierras en 9 millones de Ha. La consecuencia es un territorio rural sin campesinos”, según analiza una publicación del periódico E’a de mayo pasado.

La otra mitad del círculo

Motivo de polémica en Argentina fue recientemente el rebautismo, por orden de la presidente Cristina Fernández, de un regimiento militar con el nombre de Mariscal Francisco Solano López. La prensa liberal, encabezada por el diario argentino La Nación, atacó duramente la medida. No era de esperarse menos, teniendo en cuenta que el citado medio fue fundado por Bartolomé Mitre para defender sus intereses a mediados del 1800.
A esta reacción se sumó también una carta enviada a La Nación de Argentina –y publicada en el mismo- por el senador nacional, el liberal Alfredo Luis Jaeggli. La misiva decía, entre otras reflexiones: “Me llamaron la atención las declaraciones de la Presidenta argentina, en las que concluye que la Guerra de la Triple Alianza debería llamarse la de la «Triple Traición»”.
“¿Cómo ha podido la Presidenta llamar traidores a héroes como Bartolomé Mitre o Domingo Sarmiento o a los miles de argentinos que murieron en esa guerra que jamás se hubiera dispuesto si al Paraguay lo hubiera gobernado un presidente democrático?”.
Si, Jaeggli hace referencia en su carta al mismo Domingo Sarmiento que en una carta enviada al entonces presidente argentino Mitre, afirmaba: "Estamos por dudar de que exista el Paraguay. Descendientes de razas guaraníes, indios salvajes y esclavos que obran por instinto a falta de razón. En ellos se perpetúa la barbarie primitiva y colonial. Son unos perros ignorantes de los cuales ya han muerto ciento cincuenta mil..”. Y al mismo Bartolomé Mitre que afirmaba en esa época: “Cuando nuestros guerreros vuelvan de su campaña, podrá el comercio ver inscripto en sus banderas victoriosas los grandes principios que los apóstoles del libre cambio han proclamado”.
Alfredo Luis Jaeggli es de hecho uno de los mayores exponentes del neoliberalismo en nuestro país, desde su cubil en el Congreso Nacional, donde se perpetúa como parlamentario, justamente, gracias a los milagros de la economía liberal.
Jaeggli fue en uno de los mayores propulsores de acciones más duras contra las ocupaciones de tierras emprendidas por los movimientos campesinos en lucha por la tierra, en defensa de lo que para él es el derecho fundamental: el de la propiedad privada. “Deteniendo a uno o dos dirigentes campesinos que amenazan con invasiones, termina el problema”, sentenciaba Jaeggli en una radio local hace unos meses.
En abril del 2006 se daba entrada en el Congreso al proyecto de ley “Que establece la obligatoriedad de la titulación de los inmuebles objetos de la reforma agraria, y la gratuidad por única vez, en la expedición de los mismos”, impulsado por Jaeggli y firmado también por los entonces senadores Eusebio Ramón Ayala, Cándido Vera Bejarano y Paulo Reichardt. El “proyecto Jaeggli” pretendía la titulación de todos los inmuebles a quienes hayan recibido tierras en el marco de la reforma agraria. Un objetivo loable, en su semántica, pero que sin embargo guardaba otros fines en su contenido. La intención era –al momento de desechar el concepto de las tierras comunitarias, como en caso de los asentamientos campesino- dejar abierta la posibilidad de que cada titular pudiera vender a voluntad su tierra al mejor postor. Ante la amenaza del avance de los monocultivos, que asedian a las comunidades campesinas hasta asfixiarlas en agrotóxicos, esta ley sería como un pase libre para la agroempresa, que, aprovechando las necesidades del pueblo, podría comprar fácilmente tierras a precios ínfimos con dinero que significaría un salvavidas para el desesperado campesino vendedor. La ley también podría permitir la legalización inmediata de miles de hectáreas de tierras mal habidas.
“¡Pero el Estado es tan maldito acaso, que le tiene que obligar, que tiene que destinar a un agricultor a que no se mueva!, y no permitirle que venda su propiedad para que no venga a la ciudad, pero, ¿dónde está la libertad del ciudadano?, pero si ese es el rol del Estado, darle una propiedad lejos, para que no se acerque a la ciudad, ¡eso es una esclavitud!, es un asco, vamos a darle la libertad, que si quiere venir a la ciudad a ser músico, o a ser futbolista, que ahora está de moda, que sea, y teniendo esa propiedad, va a ser comprada y si quiere quedarse que haga productiva esa tierra”, justificaba Jaeggli en una entrevista en esos días. Bajo esta lógica, podríamos tener en este momento la orquesta más numerosa y la liga de fútbol más grande –en cantidad de jugadores- del mundo.
A este prontuario podemos agregar el reciente caso que involucró al senador liberal en una aparente venta fraudulenta de tierras ilegales al Estado.

Círculos imperfectos

La venta de las tierras públicas tras la guerra del 70 fue un factor determinante para la aglutinación de líderes y pensadores para la conformación de los partidos tradicionales, Colorado y Liberal. Es casi irónico pensar hoy que la creación del Partido Liberal, bajo el ideario de Juan de la Cruz Ayala, tuvo como uno de sus puntales la defensa de los compatriotas despojados de sus tierras por las leyes de enajenación impuestas por Bernardino Caballero. “La organización de una asociación política –señalaba Ayala en el texto del acta fundacional del Centro Democrático, posteriormente Partido Liberal- indica la existencia de un malestar general que no pueden remediar fuerzas aisladas”. Mismos ideales fueron defendidos por otras prominentes figuras de nuestra política, como Eligio Ayala.
Hoy tenemos al senador Jaeggli –y otros del mismo talante- pidiendo represión a los campesinos y liberación de Internet.
Las vueltas de nuestra historia política son así.
¿Y dónde cierra este círculo viciado en particular? Alfredo Luis Jaeggli Caballero, es hijo de la señora Sergia Elena Caballero, sobrina del fundador del Partido Colorado, general Bernardino Caballero.